Ingenieros y Administración Pública, ¿divorcio a la vista?

Son ya más de 4 los años que llevo dedicando la mayoría de mis esfuerzos laborales a la preparación de ofertas técnicas para la Administración Pública con la motivación de por un lado ofrecer a mi empresa el rendimiento que requiere y por otro no menos importante conseguir hacer de éste un país mejor. Pues bien desde finales del año pasado estoy notando una tendencia que me empieza a preocupar seriamente y que me gustaría compartir con vosotros.

Para aquellos que desconozcan lo que es trabajar para la Administración Pública les hago un breve resumen de los diferentes pasos que dan lugar a la adjudicación de un proyecto:

1.- Publicación de la demanda de servicios y/o equipamiento en el BOE: se publica la documentación relativa al concurso en la que se incluyen conceptos administrativos y técnicos.

2.- Recepción de ofertas: en el plazo estipulado la administración recibe las ofertas de cuantos licitadores estén interesados en ser adjudicatarios del concurso.

3.- Valoración de las ofertas: en función del tipo de proyecto se determinan unos parámetros particulares que permiten definir la calidad de la oferta presentada, pudiendo los mismos ser juzgados de forma subjetiva o mediante fórmulas matemáticas.

4.- Publicación de los resultados: en el BOE correspondiente se publican los resultados del concurso con las puntuaciones asociadas a cada criterio de valoración.

Pues bien, una vez puestos en antecedentes, mi antes mencionada preocupación radica en el viraje que han dado este tipo de concursos desde finales del año pasado. No me refiero a cambios en el tipo de proyectos (que es entendible por la situación económica que nos atañe), sino a los criterios de valoración que definen la adjudicación de los contratos.

Y es que en la actualidad la gran mayoría, por no decir la totalidad, de los concursos basan su adjudicación en el importe económico de las ofertas presentadas, convirtiendo los procesos de concursos públicos en auténticos suicidios económicos por parte de las empresas licitadoras.

Muchos de vosotros podréis pensar que es lógico y admirable que la administración haga eso para controlar la deuda que arrastra el país, pero quien lleve a cabo esa reflexión no ha tenido en cuenta muchos otros efectos secundarios.

Por ejemplo las auténticas locuras que ciertas empresas están dispuestas a hacer con el fin de obtener una adjudicación presentando ofertas a todas luces irrealizables con la esperanza que durante el proceso de ejecución la administración ofrezca cierta flexibilidad en la calidad de los materiales o en el diseño de las soluciones.

O los márgenes a los que obligan a trabajar a las empresas interesadas, provocando que cualquier desviación en la ejecución de las obras resulte en proyectos deficitarios que corren el riesgo de quedar a medio ejecutar.

Y por otro lado, y es éste el que más me preocupa, por la difícil situación en la que nos deja a los Ingenieros de Proyectos, de Soluciones, Preventa o como los queramos llamar. En definitiva aquéllos que nos dedicamos a la elaboración de los proyectos y ofertas técnicas para Administración Pública, no de su ejecución.

Antes de este giro en los criterios de adjudicación uno se sentía parte importante del éxito de un concurso ya que elementos como la elección de los materiales, el nivel de robustez de los diseños de red o las mejoras presentadas sobre el proyecto original permitían marcar las diferencias respecto a las ofertas competidoras y esa responsabilidad recaía habitual y gustosamente sobre nuestras espaldas.

En la actualidad este tipo de elementos de valoración no suelen significar más de un 10-15% dentro de la valoración global del concurso, con lo que es obvio que el valor aportado por los Ingenieros ha quedado extremadamente limitado.

La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué tenemos que ceñirnos a apretar al proveedor de turno para que obtenga el menor beneficio posible porque es la única manera de ganar los concursos? ¿Nos convertiremos en meros gestores de compra?

Sinceramente espero que más tarde o más temprano vuelvan los tiempos en los que los Ingenieros éramos capaces de aportar un valor diferencial en este tipo de procesos porque si no nos obligaran a poner dicho valor al servicio de las Administraciones Públicas de otros países.